Hay cierto tipo de noticias que no viajan bien, que requieren de conversar con gente conocedora y de conectar dispersas piezas de información. Tal es el caso de lo que pasa en México a cuarenta días de las elecciones, pues ocurren cosas muy extrañas que es necesario analizar con el mayor detenimiento.

En primer lugar, está la detención de militares de alto rango por supuestos vínculos con el narcotráfico, sobre todo al considerar que a lo largo de más de cinco años de gobierno el Presidente Felipe Calderón ha utilizado la procuración de justicia federal para fines políticos, sobre todo antes de procesos electorales federales y estatales.

El más connotado de los militares detenidos es el General de División Tomás Ángeles quien ha ocupado prominentes cargos en la Secretaria de la Defensa, incluido el de agregado militar en Washington, donde tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo trabajaba en nuestra embajada en la capital estadounidense.

El General Ángeles siempre me dio la impresión de seriedad, de contar con una aguda inteligencia y de ser gente honesta a carta cabal, lo que me hace ver con el mayor escepticismo los cargos que ahora le imputa el gobierno.

Me parece poco probable que un militar de tan alto rango, con una carrera profesional impecable, que inclusive estuvo en la terna que el ejercito le presentó al presidente electo Calderón para encabezar la Secretaria de la Defensa en este sexenio, proceso que implicó indagaciones a fondo sobre la carrera y la vida privada de los tres candidatos, sea culpable de recibir dinero del narcotráfico.

Pero resulta aún más preocupante que la detención del General Ángeles haya ocurrido apenas unos días después de que participara en un foro sobre seguridad nacional organizado por la Fundación Colosio del PRI, en donde expresó severas críticas a la forma en la que el actual gobierno conduce el combate contra el narco.

El uso indiscriminado tanto en México como en Estados Unidos de las declaraciones de los llamados “testigos protegidos,” que no son sino delincuentes que se convierten en informadores a sueldo de las autoridades judiciales en ambos países, es muy riesgoso pues sus acusaciones son eminentemente manipulables.

Y cuando la autoridad judicial antepone una agenda política a la procuración de justicia imparcial y equitativa a la que supuestamente está obligada, resulta muy útil contar con declaraciones de testigos a modo, que pueden “cantar” exactamente al son que se les toque.

Hay que recordar que la actual titular de la PGR Marisela Morales, fue la fiscal en la acusación penal contra Andrés Manuel López Obrador en el caso de El Encino, lo que estuvo a punto de llevar al demagogo tabasqueño a la cárcel y, en haciéndolo víctima de una conspiración en su contra, a la Presidencia de la República. Ese asunto fue mucho más político que judicial.

Hay que recordar también que el “testigo protegido” que acusa al general Ángeles no es otro que Jennifer, apodo por el que se conoce a Roberto Gómez Nájera, ligado al cartel de los Beltrán Leyva, y que lleva varios años “cantando” en Estados Unidos en donde se encuentra en poder de la DEA, la agencia antidrogas de ese país.

Si alguna organización se opone de manera tajante a que México cambie su actual estrategia de combate al narco, es precisamente la DEA, lo que puede llevar a algún malpensado a suponer que no quisieron correr el riesgo de que un general del prestigio de Tomás Ángeles fuera a llegar a la Secretaria de la Defensa en una administración priista, y desde allí influir en cambiar la política anti narco.

Al escuchar las alabanzas enormes que se vierten en Washington a la Procuradora General de Justicia de México, el mismo observador malicioso podría concluir que ello se debe a que Marisela Morales es una obsecuente ejecutora de los deseos de las autoridades judiciales de EU, en general, y de la DEA en particular.

Este asunto es de una gravedad extrema. De ser ciertos los cargos que se le imputan al General Ángeles y a otros oficiales de elevado rango militar, sería evidencia de que el narco ha penetrado hasta las entrañas de nuestras fuerzas armadas, una de las instituciones indispensables para el país.

Pero en caso de demostrarse que las acusaciones contra los militares fueron motivadas por razones políticas, ello significaría que las autoridades judiciales de nuestro país, en complicidad con las de EU, están dispuestas a llegar a cualquier extremo con tal de que México persevere en su estrategia actual contra el narco.

Me pregunto qué opinan los mandos superiores de las fuerzas armadas…