México no es ciertamente un estado fallido. Los intentos por calificarlo así, particularmente por funcionarios estadounidenses, tenían un simple propósito político. Sí podemos decir, empero, que Michoacán es un estado fallido dentro de la federación mexicana.

En este momento no hay ley ni autoridad en Michoacán. El gobernador constitucional, Fausto Vallejo, hace mucho que no se presenta a trabajar. Goza de una licencia por motivos de salud, pero la verdad es que ni siquiera cuando despachaba en el Palacio de Gobierno de Michoacán se sentía su mano. El gobernador interino, Jesús Reyna, parece más preocupado en esconderse de los distintos grupos que lo presionan que por reconstruir el aparato de gobierno.

Parece haber una total ausencia de gobierno en una entidad que en los últimos años ha sufrido un enorme deterioro por el creciente papel del crimen organizado, por las acciones de los maestros normalistas y por las policías comunitarias que con rapidez se convierten en uno más de los grupos armados de los que imponen su arbitrariedad en la entidad.

Quizá el peor problema indicativo del colapso del estado de derecho es la actuación de los normalistas. Éstos han venido secuestrando a policías y funcionarios así como vehículos de transporte y carga sin que la autoridad se atreva a hacer nada. El problema ha llegado a tal extremo que algunas empresas repartidoras de productos básicos se niegan ya a despachar vehículos a ciertas zonas de Michoacán por temor a que sean secuestrados. Muchos pueblos se están quedando sin abasto.

El secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha anunciado que se aplicará una estrategia integral para resolver los problemas de seguridad del estado. De hecho, ha señalado que será nombrado un nuevo secretario de seguridad pública en la entidad, con poderes superiores a los de otros funcionarios de similar responsabilidad en otras entidades. El hecho de que sea el secretario de gobernación federal, y no el gobernador de Michoacán, el que ha hecho estos anuncios es indicativo de que las autoridades locales parecen haberse ya dado por vencidas.

No podemos olvidar, sin embargo, que ya ha habido intentos anteriores de meter en orden a Michoacán desde la federación sin que haya habido resultados duraderos. Michoacán fue la entidad en la que Felipe Calderón empezó su guerra contra el narco al enviar contingentes del ejército a asumir responsabilidades de policía. El éxito que pareció registrarse en un principio pronto se desvaneció. Michoacán fue también el estado en que el gobierno del presidente Calderón llevó a cabo la detención de 35 funcionarios y ex funcionarios locales a los que acusó de colaborar con el narcotráfico a través del testimonio de testigos comprados. Al final los tribunales declararon la inocencia de todos los acusados.

No hay razón para pensar que Michoacán deba estar condenado a ser un estado fallido. Las instituciones de seguridad y autoridad están presentes. El problema es que los gobernantes han tenido miedo de utilizarlas para preservar la ley y defender a los ciudadanos. El problema es falta de valor de los gobernantes y no un estado fallido.