Igual que en octubre pasado cuando el gobierno de México soportó genuflexo el juicio sumario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre sus teóricos abusos contra 43 “estudiantes” de Ayotzinapa –crónica del 22 y 29 de octubre de 2015 en esta columna–, con base en los trabajos de un grupo de “expertos independientes,” ahora fue el Wilson Center (WC) quien juzgó y condenó a México.

En efecto, el Mexico Institute del WC organizó la semana pasada un verdadero pelotón de fusilamiento con una reunión a la que no invitó a quienes han sostenido versiones distintas a la de los “expertos independientes,” que no son tal cosa sino activistas radicales con una agenda política para condenar al gobierno federal.

Al final, se incluyó al nuevo embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que forma parte la CIDH, Luis Alfonso de Alba quien con tacto diplomático y bien afilado colmillo, no rebatió las invectivas de los detractores sino que hizo un recuento de las acciones del gobierno en materia de derechos humanos.

Cuando reclamé a mis buenos amigos del Mexico Institute por qué habían organizado una sesión con los dados tan cargados contra la administración, su respuesta fue que ellos habían informado a nuestra Embajada en Washington, donde no habían decidido a quién mandar pues el embajador Carlos Sada no llegaba aún.

Me parece pésima justificación. Hay respetados periodistas independientes, como Jorge Fernández Menéndez o Ricardo Alemán, que han analizado el tema de Ayotzinapa a fondo y han publicado severas y fundadas críticas a los informes de los “expertos,” descalificando sus hallazgos.

Ese sí hubiera sido un equilibrado debate entre dos “expertos” y dos bien informados críticos de su trabajo y conclusiones. Por el contrario, el panel consistió de los cuatro “expertos” y un representante del Centro de Derechos Humanos Pro –ONG que toma su nombre del jesuita Miguel Pro, víctima de la guerra Cristera- que no vinieron sino a responsabilizar al gobierno de lo ocurrido.

En el video de esta reunión se pueden apreciar varias cosas:

• La tendenciosa presentación de Beristaín y Buitrago, dos de los “expertos,” que no se cansan de culpar al gobierno federal del PRI de hechos ocurridos bajo la responsabilidad de gobiernos municipal y estatal del PRD, lo que ni se menciona.
• La participación del representante de la ONG Padre Pro fue una larga letanía de acusaciones infundadas al gobierno federal de ser responsable de desaparecer a los 43 y de encubrir lo que realmente ocurrió.
• La piece-de-resistence fue la aparición del padre de uno de los 43 “desaparecidos,” tratado por el moderador de la reunión Eric Olson con respeto reverencial, como si fuera el espíritu de uno de los esfumados “estudiantes.” Este balbuceante individuo juzgó que el Embajador de Alba tuviera que retirarse de la reunión antes que terminara, como palmaria muestra de la culpabilidad del gobierno.

En esta sesión de propaganda para responsabilizar a Peña Nieto en ningún momento se hicieron las preguntas esenciales:

• ¿Qué hacían los camiones secuestrados por los “estudiantes” en Iguala, cuando se suponía que iban rumbo a México DF a la protesta del 2 de octubre?
• ¿Cuál fue la participación en los hechos de las agrupaciones de narcotraficantes locales, que aparentemente decidieron liquidar a los “estudiantes”?

Estas preguntas y muchas más se responden en la investigación de la PGR, que permitió detener a más de 120 participantes en el asesinato, hoy encarcelados y confesos del crimen, que seguramente saldrían libres e impunes de toda responsabilidad de seguirse privilegiando la propaganda de los ayotzinapos y sus numerosos aliados, que fue un “crimen de Estado,” es decir, del gobierno de EPN.

¡Increíble!