Práctica económica
Oct 9, 2005
Juan Carlos Leal

Competitividad y reformas estructurales

Si no hacemos la gran reforma de nuestras leyes y nos apegamos a un programa más agresivo de mejora regulatoria, no vamos a conseguir resolver nuestros propios problemas y seguiremos esperando que la divina providencia manipule los datos de los demás países para subir en los rankings

Estamos en época de Índices, en las dos últimas semanas nos referimos a la evaluación del Banco Mundial. Ahora toca el turno al Índice de Crecimiento de la Competitividad publicado por el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés). Pero más que seguir haciendo un repaso de los índices o emitir un juicio de valor sobre su utilidad o influencia, vale la pena detenerse en lo que los mexicanos no necesitamos que nos digan desde afuera, hoy nos dice el WEF que caíamos del siete lugares en su índice llegando al lugar 55 y siendo superados por otro país latinoamericano, Uruguay además del mejor evaluado desde el inicio de la publicación del índice Chile.

 

La conclusión de los economistas del WEF es que México cayó por sus malas leyes e instituciones, sobre todo en el caso de la propiedad y los tardados y caros procesos para hacer efectivo un contrato. Coincidencia absoluta con lo que dice el Estudio del Banco Mundial. Pero es que necesitamos que nos los digan desde afuera o es algo que los mexicanos sabemos desde hace años y que nos hemos desgastado en trata de corregir con sendas iniciativas entregadas, aprobadas, corregidas y vueltas a revivir en el Congreso. Pero no ha sido suficiente, nuestras reformas han sido tan políticamente correctas y dirigidas a conseguir la aprobación de todos que no han surtido el efecto deseado a pesar de la gran inversión que han representado.

 

Uno de los factores más complicados de resolver es la saturación de juzgados, la baja calidad de los jueces, los problemas de competencia entre los diferentes niveles de los juzgados y las evidencias de corrupción en estas instancias. Si bien no hay que denostar los avances desde la independencia del poder judicial, la inversión social ha sido mucha y los resultados apenas empiezan. Razones muchas pero en primera es la baja calidad de las instituciones sobre las que se montó un aparato independiente de poder ejecutivo y otro es la baja calidad de las leyes con las que este aparato tiene que funcionar.

 

El resultado es que el costo del gobierno en México se calcula en hasta un 15 por ciento del PIB, según los datos del propio gobierno –la Comisión Federal de Mejora Regulatoria– o los casi 3 mil tramites que enfrentan los particulares para estar en orden con el gobierno federal, muchos de estos innecesarios, costosos e inútiles. El problema es púes que en México regulamos todo y a todos, pero no tenemos capacidad para evaluar, supervisar, verificar o en su caso hacer efectivo todo lo que nuestras leyes establecen. Y para colmo estamos atados a esto porque no hay capacidad para hacer reformas trascendentes a nuestro marco legal, responsabilidad compartida por los tres ordenes de gobierno.

 

Esto motiva que el gobierno federal diga que sí hay una caída de nuestra competitividad pero es culpa de los legisladores, estos no contestan pues están demasiado ocupados (“grillando”) para contestar, escuchar a los secretarios de estado o a sus representados, es decir, se rehúsan a hacer su trabajo. El judicial anda pensando en sus casos controvertidos y esta saturado de trabajo, por ello todo esto queda en un dialogo de sordos. El sector privado que no puede negociar lanza su “Acuerdo” Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo y con ello salva sus culpas pues lanza la sentencia de que todo aquel que no concuerde no contará con su apoyo, todo esto de cara una contienda por la elección presidencial reñida por decir lo menos.

 

El resultado es claro, el resto de los mexicanos no veremos reformas, veremos que el año que entra por estas fechas bajaremos más lugares en los rankings, será más caro invertir, pero seguiremos luchando con todo este aparato burocrático que tanto nos cuesta y no vislumbraremos señales de mejora, pues el juego político volverá a cambiar y serán otras condiciones.

 

Esta claro que el gobierno federal tiene la razón cuando invita a los legisladores a hacer los cambios, pero no la tiene al no impulsarlos de una forma más efectiva. Los empresarios y figuras públicas también la tienen cuando invita a un consenso, pero carecen de razón al no incluir a los partidos a formar parte de ello. Hasta cuando seguirá el dialogo de sordos, pues lo mismo hizo el gobierno de Zedillo y la misma repuesta obtuvo en aquel tiempo por parte del Grupo San Ángel. Esta claro que si no hacemos la gran reforma de nuestras leyes y nos apegamos a un programa más agresivo de mejora regulatoria, no vamos a conseguir resolver nuestros propios problemas y seguiremos esperando que la divina providencia manipule los datos de los demás países para subir en los rankings.



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