Hay varios asuntos que valen la pena comentar.

1. Persiste la amenaza por parte del gobierno estadounidense para abandonar el TLCAN. La cuarta ronda de negociación fue un fracaso para los negociadores de ese país al haber presentado demandas que, obviamente, eran inaceptables tanto para México como para Canadá, particularmente la de extinción automática cada cinco años y la de sujetar la negociación a la reducción del déficit comercial. Wilbur Ross, Secretario de Comercio, afirmó posteriormente que Estados Unidos no tenía nada que ofrecer a los socios comerciales a cambio de que sus demandas fuesen aceptadas, adoptando una posición intransigente. En previsión a una eventual salida por parte de Estados Unidos, la posición que México tiene que adoptar, incluyendo la modernización del acuerdo comercial con Canadá en línea con lo que se negoció en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación (TPP por sus siglas en inglés), es fortalecer por una parte la apertura comercial reduciendo las barreras arancelarias y no arancelarias que aún persisten y, sobretodo, fortalecer el arreglo institucional interno, en particular lo que respecta a las barreras regulatorias a la creación y expansión de las empresas y la garantía judicial del cumplimiento de contratos tema que, a pesar de ser crucial para el desarrollo económico, no recibe ninguna atención en nuestro país. Que el comercio internacional con nuestro principal socio comercial se desenvuelva bajo las reglas de la OMC no sería tan grave mientras haya certeza jurídica para la inversión en México, tanto nacional como extranjera, lo que sigue siendo el eslabón más débil de toda la cadena institucional.

2. Se aprobó en el Congreso de la Unión la Ley de Ingresos de la Federación por un monto de 5.3 billones de pesos. Los diputados, posteriormente avalados por los senadores, se sacaron de la manga ingresos por 43.2 miles de millones de pesos con el simple expediente de incrementar los estimados del tipo de cambio de 18.10 a 18.40 pesos por dólar y el del precio del petróleo de 46 a 48.50 dólares por barril. Además, incrementaron el monto máximo de endeudamiento neto en 10 mil millones de pesos. En resumen, una clara irresponsabilidad fiscal por parte de los legisladores, más aún cuando se toman en consideración la incertidumbre sobre el futuro del TLCAN y sobre la evolución futura de las tasas de interés ante el proceso de "normalización" de la política monetaria en Estados Unidos.

3. No hay Procurador General de la República, ni fiscal anticorrupción y ahora tampoco fiscal en materia de delitos electorales. El aparato federal de procuración de justicia está notoriamente debilitado, en un contexto de creciente inseguridad pública, aumento en la incidencia de corrupción y a punto de iniciar el proceso electoral. Nuevamente, y perdón por la insistencia, no es posible introducirse en una senda de desarrollo económico sostenido sin un arreglo institucional sólido y, como está el ámbito político, el futuro cercano no pinta bien.

4. En noviembre finaliza el mandato de Agustín Carstens como Gobernador del Banco de México y el presidente Peña no ha enviado al Senado su propuesta de un nuevo gobernador. Parece que no le queda claro al presidente que con la autonomía del banco central no se juega. Aunque la Junta de Gobierno, al ser un cuerpo colegiado, puede operar con los cuatro subgobernadores en funciones, es crucial por las señales que ello implica, contar con un gobernador que esté comprometido con la autonomía del Banco y tenga la fortaleza para pelear por ella cuando sea necesario. Debería quedar claro que de todos los órganos autónomos del Estado mexicano, el más importante es el Banco de México.