¿Se completó? La llamada enchilada, como coloquialmente le ha llamado el gobierno foxista (replicado por los analistas) a la llamada reforma migratoria que permitiría la legalización de alrededor de 11 millones de trabajadores hispanos indocumentados (donde una marcada mayoría son mexicanos). Bueno, en realidad no sería una legalización de golpe. Comenzarían con aquellos que tienen por lo menos 5 años de antigüedad laborando en EU (después de pagar multas e impuestos pendientes). El resto tendría que arreglar su situación, en teoría regresando a sus países de origen, lo que es simplemente ridículo.

Como siempre, el gobierno mexicano ha echado a andar las campanas al vuelo, creemos que antes de tiempo.

Cabe recordar que la aprobación del Senado estadounidense aún no es ley. Para que ello ocurra (y entre en vigor) se necesita conciliar el acuerdo senatorial con la iniciativa que originalmente llegó de la Cámara Baja; esto será con representantes de dicha cámara con la de Senadores en un encuentro que se llama “The Conference”. Si no se llega a un acuerdo en esta reunión, entonces simplemente no habría acuerdo migratorio y quedaría congelado.

De acuerdo a algunos analistas, es muy posible que la Cámara Baja sí llegue a algún acuerdo, pues las condiciones políticas han cambiado y ahora tienen menos presión para aprobar algún acuerdo migratorio; lo que también temen es que esto se lleve sobre la base de nuevas restricciones en la frontera. ¿Más estúpidos muros? Ya veremos si sirvieron de algo las marchas de millones de latinos para presionar al gobierno americano.

En base a la información anterior se han generado dos bandos: los optimistas y los pesimistas. Asimismo, han empezado a pulular los analistas bisoños en el tema (por supuesto, ninguno perteneciente a esta página). Hay que aclarar nuevamente algunas cosas.

De entrada, la propuesta da pie a que haya mercados negros. Es ridículo querer obligar a los trabajadores que tengan menos de 5 años a regresar a sus países a arreglar su situación migratoria. Esto ya sucedió en 1986 con la ley Simpson-Rodino que emitió una propuesta similar. El resultado de esta ley fue que empezaron a surgir empresas fraudulentas que se encargaron de conseguir a los trabajadores “documentos probatorios” de la antigüedad exigida por el gobierno. Tal vez conscientemente (con los gobiernos nunca se sabe) el gobierno gringo sabe que esto sucederá y permitirá a los políticos “disfrazar un poco” estas medidas ante sus electores. En fin, que aquí caben mil especulaciones. Lo que es un hecho, es que ningún trabajador regresará a México ó Centro América a arreglar su situación migratoria.

Por otro lado, a quienes comprueben al menos 5 años de antigüedad, para obtener sus documentos de ciudadanía tendrán que pagar multas y adeudos de impuestos no pagados. Aquí la mayoría de trabajadores indocumentados que caen dentro de esta categoría no tendrá problemas, pues en su mayor parte ya han pagado impuestos (cargados por sus empleadores hacia un seguro social ficticio) y sólo tendrán que acreditarlos. En un artículo anterior mencionábamos sobre el mito de que los trabajadores indocumentados no pagan impuestos sobre los servicios que usan. Eso es falso; la mayoría de los indocumentados sí pagan y no usan los servicios por temor a ser deportados.

Ojo, con la legalización, los trabajadores se beneficiarán; tal vez el gobierno gringo recaude algo por pago de multas; esto sin embargo representa un costo para la economía norteamericana. ¿Por qué? Porque aunque el mercado laboral gringo es relativamente flexible, hay toda una serie de medidas burocráticas anti-libre mercado como son los salarios mínimos y los sindicatos. Con la legalización, los trabajadores ya no se tendrán que esconder, aumentarán sus derechos políticos, pues eventualmente podrán votar; hasta ahí está perfecto. El problema es que al tener documentos de estancia legal, los trabajadores de repente entran a la categoría de los llamados controles de precios. Con la legalización, estos nuevos ciudadanos americanos entran a ganar salarios mínimos y/o tienen derechos a retribuciones extraordinarias más allá de sus capacidades técnicas. Asimismo, la legalización les permite entrar a sindicatos y negociar condiciones laborables más favorables. Así pues, la legalización conlleva costos para los empleadores. Por eso insistimos, lo ideal sería un mercado laboral libre, en donde los trabajadores fueran retribuidos acorde a su contribución productiva y no acorde a criterios gubernamentales de control de precios.

Por otro lado, el acuerdo vigente contiene aún elementos punitivos contra las empresas que contraten trabajadores indocumentados (multas de hasta 20 mil dólares por cada trabajador indocumentado). También se plantean multas y cárcel para los indocumentados que reincidan en entrar a EU sin papeles. Esto, ya lo dijimos, es violatorio de los derechos de las empresas y representa un obstáculo para la economía. No nos imaginamos hace un siglo el multar a las miles de empresas que empleaban a millones de trabajadores inmigrantes. Simplemente se hubiera caído la economía norteamericana. Pero, en fin, como diría un viejo profesor de economía, eso ya será asunto de los gringos, si permiten que los gobiernos invadan los terrenos de los sectores productivos en nombre de la ley.

Lo bueno de la reforma migratoria: permite que lleguen, mediante la expedición de visas de trabajo temporales, trabajadores que le hacen falta a la economía norteamericana. Hay que entender: la fuerza laboral mexicana es un bien complementario y no sustituto de la fuerza laboral norteamericana.

Reiteramos, aún no se convierten en ley estos acuerdos, así que habrá que esperar si no le hacen cambios (en la reunión de The Conference) y acaban empeorándolos.

Aquí en México, los políticos más que estar satisfechos con los acuerdos migratorios (si se concretan), deberían estar trabajando para realizar los cambios estructurales que necesita la economía mexicana para crecer, y generar empleos bien remunerados que reduzcan los incentivos que hoy día tienen muchos mexicanos para abandonar su país de origen. Tal vez los norteamericanos ya hicieron su parte. ¿Harán el suyo los políticos mexicanos?