Las campañas electorales en México han cobrado relevancia real sólo en los últimos años. Tras el fin de la transición democrática, los políticos profesionales saben que su futuro está determinado, en última instancia, por el elector. La elección del 2000 fue, en este sentido, el gran parte-aguas de la política mexicana. Pero no sólo por sus consecuencias institucionales en la configuración del poder, sino también por la manera en que los políticos compitieron por los votos del electorado.

Las campañas electorales han aumentado su importancia no sólo porque ahora las elecciones cuentan, sino porque son pensadas como el espacio natural para construir los apoyos electorales necesarios para ganar una elección. En México son de las más costosas del mundo. Mientras en España y Argentina, por ejemplo, cada candidato puede gastar hasta 9 y 9.8 millones de dólares respectivamente, aquí los candidatos podrán derrochar en sus campañas hasta 61.4 millones de dólares. La mayor parte de ese gasto, se ejerce en la compra de espacios en medios electrónicos de comunicación. (¡Y todavía hay quienes se sorprenden del resultante poder de éstos!)

Las decisiones de políticos están influenciadas, al menos parcialmente, por el surgimiento de nuevos paradigmas aún sin comprobar. La campaña del ahora presidente Vicente Fox, generó una serie de conclusiones acerca de la importancia de las estrategias comunicativas de los competidores que no han sido corroboradas por estudios serios y rigurosos en México. Sin embargo, esas conclusiones han sido directriz indiscutible de las conductas políticas y las implicaciones en el gasto de los competidores por el poder, en los ámbitos federal y local.

Los políticos han sobrevaluado el efecto de sus mensajes a través de los medios electrónicos de comunicación y en consecuencia, buena parte de su gasto de campaña no está generando los votos que buscan. Los efectos de los medios de comunicación, en caso de existir, se neutralizan porque las élites están en competencia. El gasto de los partidos y candidatos en medios de comunicación, refleja un juego de coordinación estratégica donde no ha habido equilibrio por la ausencia de compromisos creíbles por parte de los competidores de mantener un menor nivel de presencia en medios.

Los electores reciben, independientemente de su exposición a medios, información suficiente acerca de todos los competidores electorales y, en este sentido, no deberíamos esperar diferencias en las preferencias electorales como resultado de diferencias en la cantidad de información recibida. Son pocos, de existir, los efectos del framing (uso de imágenes, palabras y contextos para manipular la forma en que los individuos piensan acerca de un asunto) que se derivan de las teorías de opinión pública.

No se ha prestado atención al hecho de que los mensajes de los diferentes partidos y candidatos se contraponen hasta anularse, hasta generar incluso la más genuina indiferencia por parte del elector. En realidad, lo que vemos es que respecto al mismo asunto donde unos quieren sacar ventaja, los otros también lo hacen, dejando como consecuencia que el elector recibe la información completa y decide de acuerdo a sus preferencias.

Las élites al competir contrarrestan la fuerza del framing de sus mensajes; del mismo modo las diferencias en el número de temas agendados por los medios o los políticos, parece no reflejarse en las preferencias del electorado. Esto puede deberse a que sólo los temas que de inicio le interesan al elector, son capaces de permear en sus decisiones.

La democracia no debe regularse con ideas inocuas sino con instrumentos eficaces. Fortalecer la capacidad fiscalizadora de la institución electoral es más importante que discutir ad nauseam sobre las campañas negativas de los partidos. La inequidad y la corrupción están en los apoyos que los partidos obtienen de gobiernos municipales, estatales y federal; en el uso político de programas sociales; en las transferencias que intentan comprar un voto; en las campañas pobres; en la falta de compromisos creíbles, en la ausencia de elementos de sanción electoral, en el lastimoso menosprecio del ciudadano.

Debemos regular el gasto y no el contenido. La reciente resolución del TRIFE respecto a los spots de campaña excede los límites de un árbitro y adquiere los tenores de un padre. El tribunal electoral busca convertirse en el protector de la moralidad política cuando sólo debe aplicar la ley en la contienda. Las autoridades, judiciales y políticas no acaban de entender que la mayoría de edad del electorado no esta ni estará sujeta a su aprobación.

Las campañas negativas no sólo son un espacio para el escarnio sino un acicate para el debate. Las campañas negativas son espacios de denuncia pública también. Si no permitimos que al menos la competencia limite a nuestros políticos, le estaremos dando la bienvenida a muchos Marín, Bribiesca y Bejarano. Abriéndole el camino a la impunidad y cerrándolo a la rendición de cuentas. Los políticos temen a sus adversarios en beneficio de sus electores. Para bien o para mal, la política es, de nuevo, la guerra por otros medios. Si negamos lo evidente perderemos la utopía.