En el artículo de la semana pasada señalé que la cuarta transformación de México inició en 1985 cuando, después de una grave crisis macroeconómica que implicó perder el acceso a nuevos flujos financieros del exterior y la manifiesta evidencia de la imposibilidad de continuar con un modelo de desarrollo “hacia adentro”, se tomó la decisión de iniciar un proceso de cambio estructural de la economía buscando inducir una mayor productividad de los factores de la producción y un mayor crecimiento económico.

Un proceso que ya lleva tres décadas y cuyos resultados han sido mixtos ya que han persistido diferentes dualidades que, cada una por sí misma, se traducen en un crecimiento promedio de alrededor del 2%. Destaco tres: a) estados del centro - norte del país que han crecido a tasas elevadas junto con los estados del sur que están estancados; b) empresas formales y modernas que han experimentado un aumento de su productividad junto con unidades de producción informales, muy pequeñas, tecnológicamente obsoletas y de muy baja productividad; y c) un mercado laboral segmentado con 40% de los trabajadores laborando en la formalidad y el resto en la informalidad. Tres dualidades que se intersectan y que tienen un hilo que las une: una excesiva, deficiente e ineficiente regulación. Así, en los estados del centro - norte se registran más empresas formales, de mayor tamaño, modernas y de alta productividad así como una menor informalidad laboral, sucediendo exactamente lo opuesto en los estados del sur.

Aunque ha habido avances significativos para dotar a la economía de una más eficiente regulación para reducir las barreras de entrada a diferentes mercados y generar mayor competencia sigue persistiendo, sobretodo al nivel de muchos de los gobiernos estatales y municipales, una regulación excesiva e ineficiente que además de inhibir el surgimiento, crecimiento y formalización de empresas y empleo y, en consecuencia, la actividad económica es una de las principales fuentes de corrupción. Pero además de este tipo de regulaciones hay otra que merece mención especial: la concerniente al sistema de seguridad social.

Bajo el sistema actual, conviven en paralelo dos grandes segmentos. El primero es el de las empresas formalmente constituidas que contribuyen al sistema de seguridad social en tres áreas: las correspondientes al IMSS, las aportaciones al Infonavit y las realizadas a las cuentas individuales de retiro administradas por las Afores. El segundo segmento es el de los trabajadores informales que no tienen acceso a la atención a la salud que provee el IMSS pero sí lo pueden tener con el Seguro Popular, financiado con la recaudación general de impuestos.

Como bien lo ha documentado Santiago Levy en varios de sus estudios, entre ellos el último “Esfuerzos mal recompensados. La elusiva búsqueda de la prosperidad en México”, esta segmentación del sistema de seguridad social significa que las contribuciones patronales de las empresas formales actúa como un impuesto a la formalización (de empresas y del empleo)  mientras que el segundo segmento, el Seguro Popular, actúa como un subsidio implícito a la informalidad.

La solución es moverse hacia un sistema de seguridad social universal cuya cobertura y acceso sea independiente de la situación laboral de los trabajadores. Bajo este esquema, las aportaciones patronales al IMSS se reducirían significativamente (en el caso extremo se eliminarían) y el financiamiento provendría de los impuestos generales, lo que requeriría, obviamente, fortalecer estructuralmente los ingresos tributarios del gobierno, principalmente con la homogeneización del IVA.

Proseguir y profundizar los cambios de la cuarta transformación y transitar hacia un sistema de seguridad social universal sería la quinta transformación de México; sus efectos sobre el crecimiento y el bienestar de la población serían positivos y enormes.

*Artículo publicado originalmente en El Economista