La semana pasada mencioné que una de las consecuencias de tener una regulación ineficiente es que genera el incentivo para que las empresas operen en la ilegalidad (produciendo bienes y servicios legales). Esto lleva a que las unidades de producción son muy poco productivas y un lastre al crecimiento por ser muy pequeñas, utilizando tecnologías obsoletas y con muy pocos empleados que, por las condiciones de la propia empresa, laboran en la informalidad por lo que no tienen acceso al sistema de seguridad social. Señalé que a esto contribuye que tenemos un sistema de seguridad social para los trabajadores de las empresas legales del sector privado ya que las cuotas patronales al IMSS actúan como un impuesto implícito al empleo formal; de ahí la necesidad de transitar hacia un sistema de seguridad social universal financiado con la recaudación general de impuestos, lo que haría necesaria una reforma tributaria para incrementar los ingresos del gobierno.

Cuando se habla de impuestos hay que señalar que éstos tienen como funciones recaudar, corregir externalidades negativas y desincentivar el consumo de cierto tipo de bienes como alcohol, tabaco y drogas. Si se les quiere utilizar para otros fines, como redistribuir el ingreso, se reduce su efectividad recaudatoria. Habiendo dicho esto, como esté diseñado el arreglo tributario y los incentivos que de éste se deriven son cruciales para el crecimiento y de ahí que no se castigue el trabajo, el ahorro y la inversión. Destacó dos impuestos: a los individuos, a las empresas.

Respecto del impuesto al ingreso de las personas, el artículo 31 constitucional establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos “de manera proporcional y equitativa”. Esto ha dado lugar a que tengamos un impuesto progresivo, uno en el cual a mayor ingreso se paga una mayor tasa impositiva. Sin embargo, esta progresividad de la tasa va en contra del objetivo de un mayor crecimiento al desincentivar, en el margen, el trabajo y el ahorro. Una propuesta es moverse hacia un impuesto al ingreso individual proporcional en el cual la tasa del impuesto es la misma para todos (independientemente de su nivel de ingreso) y la base gravable sería el ingreso bruto total del individuo (incluyendo ganancias netas en el mercado de renta variable) menos una deducción fija igual para todos. Este esquema impositivo es neutral sobre las decisiones de trabajo y ahorro y mantiene el principio de equidad vertical, en donde a mayor ingreso la tasa impositiva efectivamente pagada es creciente. Además, para quienes tengan un ingreso por debajo de la deducción única establecida, se les haría una transferencia directa a su ingreso tal que los lleve a ese nivel.

En cuanto al impuesto a las empresas, aunque la tasa del ISR sobre las utilidades brutas es del 30%, al agregar las contribuciones patronales a la seguridad social ésta se eleva a 53%. Como mencioné, este esquema impositivo integral actúa como un impuesto al empleo formal pero también desincentiva la inversión; de ahí la necesidad de financiar la seguridad social de la recaudación general de impuestos y reducir (y en el extremo eliminar) estas contribuciones patronales. Además, sería recomendable la deducción inmediata de la base gravable de toda la inversión realizada en activos fijos.

Moverse en esta dirección para los impuestos sobre la renta a individuos y empresas eliminaría los elementos que existen en la actualidad y que castigan el trabajo, el ahorro y la inversión y que, por lo mismo, van en contra del crecimiento. Adicionalmente, esta reforma aumentaría la base de contribuyentes y la recaudación al legalizarse empresas y trabajadores que ahora están la informalidad.

*Artículo publicado originalmente en El Economista