En las últimas semanas, en México, hablar de feminicidios es cuestión de la mayor importancia, sobre todo en virtud de algunos casos criminales de primera plana, pésimamente gestionados por el gobierno de López Obrador y sus aliados. Sin ellos, el tema tal vez seguiría siendo secundario, de páginas interiores, por desgracia.

Pero quizá el tema se ha exagerado, con todo que uno podría condolerse y solidarizarse sinceramente con cualquiera de los casos que los medios de comunicación han ventilado y alumbrado. En realidad, uno no puede ser un verdadero creyente en los mercados libres y, al mismo tiempo, ignorar la falta de libertad de las mujeres mexicanas, reflejada por ejemplo, en el temor de ser violentadas en calles, escuelas, transportes públicos, lugares de trabajo y hasta en su propio hogar.

Pero sin ser insensible respecto a la violencia y al amenazante constreñimiento que sufren las mujeres, uno no puede ignorar de que tal violencia también la sufren en México, justo en este preciso momento, hombres, niños, adolescentes, ancianos, estudiantes, indígenas, homosexuales, transexuales, empleados de gobierno, capitalistas, socialistas, activistas por el medio ambiente, policías y cualquier otro grupo que se quiera. Nadie en México se salva.

Más allá de lo trágico de los casos más conspicuos, no puede hablarse en México ni de una “explosión de feminicidios” o de una feminización de la violencia. En México, hay un promedio de 10 mujeres muertas al día (10.3 para ser preciso), de las cuales una es niña; es decir, cada dos horas y media, una mujer es asesinada. Un total de 3 mil 142 mujeres fueron asesinadas en México, durante los primeros 10 meses de 2019 (últimas cifras disponibles), según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esta cifra contempla a las víctimas mujeres tanto de homicidios dolosos como de feminicidios; de éstos últimos, se registraron 890 casos. 

Esto en el contexto de que 2019 se convirtió en el año más violento de que se tenga registro en México, al sumar de enero a diciembre 35,588 víctimas de homicidios dolosos. Es decir, por cada una de las 3,142 mujeres asesinadas el año pasado, fueron asesinados más de diez hombres: Más de 90 hombres al día (adultos y menores de edad), casi uno cada 15 minutos. De ese tamaño es la tragedia real, no la del uso político o periodístico. 

México vive una tragedia, una tragedia que crece día con día en lugar de disminuir, acicateada por la falta de Estado de Derecho: Más del 90% de los casi 36 mil asesinatos del año pasado permanecen impunes, y ni siquiera se investigan, ante la roja avalancha de nuevos casos, imparable. En tal sentido, México no vive una emergencia de feminicidios, sino el derrumbe de su Estado de Derecho: Nadie lo respeta, nadie lo observa, nadie lo hace respetar, nadie exige su cumplimiento y eso incentiva más y más asesinatos y otros hechos delictivos.

Hablar de “emergencia de feminicidios”, sobre todo de parte de algunos colectivos feministas, es solo lucrar políticamente con las tragedias, sin referirse nunca a la falta de Estado de Derecho. Esos colectivos, en consecuencia, protestan unos días, convocan a marchas y paros buscando avanzar sus agendas particulares (aborto gratuito; baños mixtos; cursos obligatorios de “masculinidades tóxicas”; más poder y dinero a las instituciones burocráticas dedicadas a la no discriminación o los DDHH; endurecimiento de las leyes, sin ir al fondo de los problemas; cuotas “de género”, puestos burocráticas para «expertas en enfoque de género» y otros cargos y recursos para promover su agenda ideológica), y luego cesan cuando obtienen la notoriedad que buscan, en detrimento de la real atención que debiera recibir el derrumbe de nuestro Estado de Derecho. Son “feministas” y muchos grupos “feministas” que usan el asesinato de otras mujeres para alcanzar dinero y poder.

Al margen, para detener los casos de feminicidios e infanticidios (que en realidad son parte de la imparable ola de violencia que asuela al país), se ha hablado de instaurar la pena de muerte en México. A primera vista, tal pena parece atractiva y útil para hacerle frente a quienes cometen tamañas atrocidades. Pero ¿de verdad queremos darle a un gobierno incapaz y corrupto la facultad de asesinar a alguien con todo el amparo de la ley? ¿Usted, amable lector, sería capaz de darle ese otro poder a López Obrador, como atolondradamente han llegado a proponer legisladores de PAN y PRI? ¿Darle el poder del asesinato legal a un gobierno incapaz siquiera de sujetarse él mismo a la ley?

En países con efectivo Estado de Derecho, con libertades plenas, feminicidios e infanticidios se dan relativamente poco, porque hay un Estado de Derecho que no lo permite. Desafortunadamente, ni Estado de Derecho ni capacidad ni real voluntad de perseguir criminales existen en México. Por ello, sin uno y sin otras, la tragedia continuará en México, sin visos de parar, por más marchas, paros y endurecimiento de la ley que se quieran.