La pregunta más importante que debemos plantearnos y responder, para saber qué debe hacer, y cómo debe hacerlo, el gobierno, es si los seres humanos tenemos, o no, derechos que son anteriores y superiores al Estado, sus leyes y sus gobiernos, o si los derechos son una de las muchas consecuencias del surgimiento del Estado, de la promulgación de las leyes, de la operación de los gobiernos. ¿Los derechos del ser humano se le deben al Estado, a sus leyes y a sus gobiernos, o son los gobiernos, las leyes y el Estado los que se deben a los derechos?

Si los gobiernos, las leyes y el Estado se deben a los derechos, entonces los derechos son anteriores y superiores al Estado, a las leyes y a los gobiernos, y la tarea de estos es reconocerlos plenamente, definirlos puntualmente y garantizarlos jurídicamente, lo cual en esencia implica prohibir que unos violen los derechos de otros y, en caso de que la prohibición no surta efecto, castigar al violador y resarcir, en la medida de lo posible, a la víctima.

Por el contrario, si los derechos se deben al Estado, a sus leyes y a sus gobiernos, entonces los derechos son posteriores e inferiores a los gobiernos, a las leyes y al Estado, y la función de éstos es crearlos ex nihilo, definirlos puntualmente y garantizarlos jurídicamente, lo cual crea la posibilidad de confusión entre necesidades, intereses y derechos, con la consecuencia, empíricamente comprobable, de que las necesidades e intereses terminan siendo concebidos como derechos, con todas las consecuencias negativas que ello trae consigo, de entre las cuales destaca la redistribución: el poder político quitándole a unos para darle a otros.

El punto de partida del liberalismo (no creo equivocarme al afirmarlo) es el hecho (porque no se trata de una creencia, o de una convicción, o de una deducción, sino de un hecho), de que el ser humano nace con ciertos derechos, todos los cuales, de una u otra manera, están referidos a, o son una manifestación de, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, punto de partida cuya primera conclusión es que la tarea esencial del Estado, de sus leyes y de sus gobiernos, es reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente esos derechos o, dicho de otra manera, garantizar la seguridad contra la delincuencia y, en caso de fracasar, impartir justicia en sus dos vertientes: sancionar al delincuente y resarcir a la víctima.

Supongamos que los derechos naturales, aquellos con los que la persona nace, siendo anteriores y superiores a cualquier poder político, no existen. Aún en ese caso habría que actuar como si existieran, por una razón muy sencilla: solamente los derechos que son anteriores y superiores al Estado, a sus leyes y a sus gobiernos, imponen límites a la acción de gobernantes y legisladores, límite sin el cual sus acciones resultan, necesariamente, arbitrarias, y las consecuencias de las mismas obligadamente desastrosas.

Todo ser humano sabe que, independientemente del Estado, de sus leyes y de sus gobiernos, él tiene derechos que son anteriores y superiores a cualquier tipo de poder político, y que nadie, mucho menos quienes detentan ese poder, debería violarlos, y que es tarea esencial, de quienes detentan el poder político, el reconocerlos, definirlos y garantizarlos. Si aceptamos que necesitamos Estado, leyes y gobiernos, lo único que los justifica es que reconozcan plenamente, definan puntualmente y garanticen jurídicamente, los derechos naturales de la persona, mismos que son anteriores y superiores a cualquier Estado, a cualquier ordenamiento jurídico, a cualquier tipo de gobierno. ¿Cuál es el problema? Que quienes detentan el poder político no lo creen o, si lo creen, no actúan en consecuencia.

Por ello pongamos el punto sobre la i.