La pregunta planteada por Amagi es, desde la perspectiva liberal, LA pregunta cuando de los impuestos se trata. Y digo que lo es desde la perspectiva liberal, porque el liberalismo acepta, uno, la necesidad de tener un gobierno y, dos, la necesidad de limitarlo a la realización de sus legítimas tareas, para evitar que se convierta en ángel de la guarda, y como tal intente preservarnos de todos los males, y en hada madrina, y como tal pretenda concedernos todos los bienes, siendo que el mal del que el gobierno debe preservarnos es la delincuencia, y el bien que debe proveernos es la justicia, provisión que supone que falló aquella preservación (lo cual lleva a la pregunta de qué hacer cuando también esta provisión, la de justicia, falla).

Lo anterior quiere decir que los impuestos se justifican, desde la perspectiva liberal, no por el cuánto se cobra (qué porcentaje), tampoco por el cómo se gasta lo cobrado (con qué honestidad y eficacia), sino por el en qué se gasta lo recaudado (siendo las posibilidades: 1) en garantizar derechos; 2) en satisfacer necesidades; 3) en defender intereses), y ningún impuesto se justifica si su cobro tiene como fin la redistribución (lo que sucede cuando el gobierno gasta para satisfacer necesidades o defender intereses): el gobierno le quita a A lo que es de A, para darle a B lo que no es de B, lo cual, no porque lo lleve a cabo el gobierno, no porque esté avalado por alguna ley, no porque tenga como fin la satisfacción de las necesidades básicas de B, y solamente tenga como consecuencia la reducción de la satisfacción de los gustos, deseos o caprichos de A, se justifica.

El único cobro de impuestos que se justifica es aquel que, uno, le cobra lo mismo a todos para, dos, darle lo mismo a todos, de tal manera que no hay redistribución, ni en el cobro del impuesto (todos pagan lo mismo), ni en el gasto de lo recaudado (todos reciben lo mismo), lo cual supone que el gobierno, con total honestidad, y con la mayor eficacia de la que sea capaz, garantiza la seguridad contra la delincuencia; imparte justicia; ofrece los bienes y servicios públicos, que realmente sean públicos, y que verdaderamente deban ser ofrecidos (por ejemplo: alumbrado público, asfaltado de las calles o drenaje), y ordena la convivencia en los espacios públicos (por ejemplo: semáforos, definición del sentido de las calles, o botes de basura), todo lo cual lo hace para todos por igual, para lo cual lo correcto es que a todos les cobre impuestos por igual.

Cuando el gobierno cobra impuestos con fines redistributivos, cuando le quita a uno para darle a otro, es decir: cuando obliga a A a entregarle parte del producto de su trabajo para darle a B parte de un ingreso que B no generó (alguna semejanza con el robo, ¿es pura coincidencia?), independientemente de cuánto cobre, de a quién le cobre, de a quién le dé, y de para qué le dé, repito: cuando el gobierno cobra impuestos con fines redistributivos, éstos no tienen ninguna justificación moral, por más que estén avalados legalmente, leyes que por avalar el cobro de impuestos con fines redistributivos resultan injustas, no habiendo ley que convierta en justo aquello que por su propia naturaleza no lo es, ¡por más que los positivistas crean lo contrario!, positivistas que abundan cuando de redactar y promulgar leyes tributarias se trata.

Hay que insistir una y otra vez, y por ello va de nuevo: los impuestos se justifican, no por el cuánto se cobra, tampoco por el cómo se gasta, sino por el en qué se gasta lo recaudado, y ningún impuesto se justifica si su cobro tiene como fin la redistribución, independientemente de a quién y cuánto se le cobre, al margen de a quién y para qué se le dé.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.