¿Cuándo surge la necesidad de balancear entre derechos que compiten? Cuando se confunden necesidades y/o intereses con derechos, y se le pide al gobierno que trate  a las necesidades y a los intereses como si fueran derechos, lo cual hace otorgando privilegios, lo cual ocasiona, ¡sin excepción!, injusticias, ante las cuales se busca algún tipo de “balance”, mismo que, lógicamente, resulta imposible. ¿Cómo balancear injusticia con privilegio? Es más, ¿qué rayos quiere decir “balancear injusticia con privilegio”?

Una de las principales amenazas en contra de la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal, los tres pilares del liberalismo, es la engañosa identificación de necesidades con derechos, mismos que tienen como contrapartida definitoria la obligación de alguien más, de tal manera que identificar la necesidad de alimentos con el derecho a la alimentación supone reconocer que el derecho a la alimentación de A tiene como contrapartida la obligación de B de darle de comer a A, B que se ve obligado a compartir sus alimentos con A, obligación que no sólo es moral sino legal, es decir, exigible por la fuerza y punible con la fuerza.

Así las cosas, ¿cómo “balancear” el derecho a la alimentación de A con el derecho de propiedad de B sobre sus alimentos, B que, dado el derecho a la alimentación de A, tiene la obligación legal de entregarle parte de sus alimentos? Ya se ve que, dado que los asuntos de justicia (y este intento por “balancear” no es más que interés de justificar, so pretexto de la justicia, el otorgamiento de un privilegio) lo son de principio (la hay o no la hay), y no de grado (la hay mucho o poco), dicho “balance” resulta imposible. Si el gobierno le cobra impuestos a B para con ellos comprar comida y dársela a A, lo que hace es obligar a B a darle parte de su comida a A, lo cual es un robo. ¿Qué tenemos? La injusticia inevitable que se comete cuando se identifican necesidades con derechos y se le pide al gobierno que trate a las necesidades como si fueran derechos, lo cual no pude ser más que otorgamiento de privilegios.

La necesidad de alimentarse supone dos derechos: el derecho a la libertad para conseguir alimentos y, ya conseguidos, el derecho de propiedad sobre los mismos, derechos que suponen, de los demás, dos obligaciones: la de no impedir que se haga todo lo que se tenga que hacer para conseguir alimentos (respeto a la libertad individual) y la de no robar los alimentos así conseguidos (respeto a la propiedad privada). En este caso el balance sí es posible: el derecho a la libertad para conseguir alimentos, y el derecho de propiedad sobre los mismos, supone, de manera natural y lógica, el respeto de los demás a la libertad individual y a la propiedad privada, todo ello partiendo del reconocimiento de la responsabilidad personal, es decir, del compromiso de cada quien con su propia alimentación.

La necesidad de alimentarse supone dos derechos –a la libertad individual y a la propiedad privada–, cuyas correspondientes obligaciones legales son negativas –no impedir que uno haga todo lo que tenga que hacer para conseguir alimentos y no robar los alimentos conseguidos– no legalmente positivas: dar de comer (obligación que es moral, no exigible por la fuerza del gobierno, no punible con la fuerza gubernamental).

El gobierno, quitándole comida a B para darle de comer a A, no está garantizando el derecho a la alimentación de A (derecho que lo es, uno, a la libertad para conseguir alimentos y, dos, a la propiedad sobre los alimentos conseguidos), sino otorgándole un privilegio, cuya consecuencia inevitable es la injusticia que se comete contra B, a quien se obliga, con la fuerza del gobierno, a entregar parte del producto de su trabajo, lo cual, aquí y allá, hoy ayer o mañana, es un robo, que no hay manera de “balancear”.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.