El Estado de Derecho no es, esencialmente, un juego de palabras para fundamentar las ocurrencias de los legisladores, políticos o gobernantes en turno. Esencialmente el Estado de Derecho es el gobierno de la justicia, de las leyes justas. Es dikaiocracia, respeto a los derechos de las personas, y me refiero a derechos que realmente sean tales, no necesidades, no intereses, identificados por ignorancia o mala fe con derechos.

Que muchos gobernantes, políticos o legisladores utilicen el concepto Estado de Derecho para, arbitrariamente, justificar cuanta arbitrariedad se les ocurra, es práctica frecuente, que nada tiene que ver con el verdadero Estado de Derecho y sí mucho con el positivismo jurídico, que en más de un sentido es la antítesis del Estado de Derecho, verdadero Estado de chueco.

En el Estado de Derecho las leyes se redactan y promulgan para hacer valer los derechos de las personas, mismos que son anteriores y superiores a esas leyes. Anteriores: esos derechos, ya sean los naturales (con los que la persona es concebida: vida, libertad individual, propiedad privada), ya los contractuales (los que la persona adquiere voluntariamente, por así haberlo pactado con alguien más, como sucede con los contratos), son producto de la naturaleza humana (en el caso de los naturales) y de la voluntad de la persona (en el caso de los contractuales), no de la iniciativa del legislador. Ningún verdadero derecho puede ser creado por el legislador, por más que los legisladores, de manera arbitraria, identifiquen necesidades y/o intereses con derechos, haciendo pasar a los primeros (necesidades y/o intereses) como si fueran lo segundo (derechos). El resultado ha sido, no el Estado de Derecho, sino la sociedad de los derechos, con el gobierno obligado a garantizarlos, es decir, obligado a satisfacer necesidades y a defender intereses, todo lo cual, o empieza con la redistribución del ingreso (en el caso de la satisfacción de las necesidades) o termina con algún efecto redistributivo (en el caso de la defensa de intereses, que por lo general son pecuniarios).

La sociedad de los derechos, que identifica necesidades e intereses con derechos, y que le impone al gobierno la obligación de satisfacer las primeras y defender los segundos, todo lo cual se identifica falsamente con “garantizar derechos”, es contraria al verdadero Estado de Derecho, al gobierno de las leyes justas, siendo tales las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas; al gobierno de la justicia, que es la voluntad de darle a cada quien lo suyo, siendo lo suyo de cada cual el derecho de cada quien; a la dikaiocracia, que es el poder de la justicia, del respeto a los derechos de los demás, de la convivencia civilizada.

Aceptando que el Estado de Derecho, esencialmente, no es un juego de palabras para justificar lo que al gobierno se le antoje, debemos aceptar que, accidentalmente, los legisladores, los políticos, los gobernantes, sí han hecho de tal concepto el juego de palabras al que se refiere Guerra, partiendo del supuesto, ¡falso!, de que es justo todo lo que el legislador define como tal, que es derecho todo lo que determina como tal, que es justo todo lo que precisa como tal, siendo que el derecho (lo que se le debe a alguien) y lo justo (respetar lo que se le debe a alguien) son anteriores y superiores a las leyes redactadas y promulgadas por los legisladores, no concesiones que el legislador le hace a los ciudadanos. El legislador no crea verdaderos derechos. Tampoco engendra la justicia. Lo único que puede hacer es garantizar los primeros haciendo valer la segunda. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos están dispuestos?

Por ello, pongamos el punto sobre la i.