MIÉRCOLES, 20 DE JULIO DE 2016
El punto sobre la i
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Arturo Damm





“Lo que place al príncipe tiene vigor de ley.”
Domicio Ulpiano

Según Ulpiano (177-228), jurista romano, la voluntad del príncipe es ley y por lo tanto fuerza. Es absolutismo, régimen político que reúne todo el poder en una persona, poder político que consiste esencialmente en prohibir, obligar y castigar, mismo que el gobernante absoluto podrá usar justa o injustamente, respetando o violando los derechos de los ciudadanos.

Hoy, transcurridos tantos siglos desde la época de Ulpiano, lo dicho por el jurista romano parece, salvo algunas vergonzosas excepciones, algo perteneciente a un tiempo en el cual la vida, la integridad física, la libertad y la propiedad de las personas dependían de la voluntad del príncipe, voluntad que era ley y por lo tanto fuerza para obligar, prohibir y castigar. ¿Realmente las cosas han cambiado, y no solo de forma, sino de fondo?

Parafraseo a Ulpiano: lo que place al legislador tiene vigor de ley, legislador que en las repúblicas democráticas, modelo que se reconoce como el adecuado (tal vez no el mejor, pero sí el menos malo), no redacta las leyes de manera arbitraria, legislador que no es uno sino varios, electos por los ciudadanos, estando en ello las dos diferencias principales: 1) no se trata de un príncipe, que pudo haber llegado al poder por herencia o por la fuerza, sino de legisladores que fueron electos por la mayoría de los ciudadanos; 2) los legisladores no redactarán ni promulgarán leyes de manera arbitraria (de entrada deben seguir un cierto proceso para su elaboración), en función de lo que les conviene (por ejemplo, en función de sus intereses, que pueden ser personales, partidistas, gremiales, facciosos, etc.), sino en función de…, en función de…, ¿en función de qué? ¿De ciertos intereses? ¿De ciertas necesidades? ¿De ciertos compromiso contraídos para redactar leyes en función de ciertas necesidades y de ciertos intereses?

¿En función de qué deben redactarse las leyes? ¿Cuántos legisladores son capaces de responder correctamente? Porque si no lo son, entonces será cierto que lo que place al legislador tendrá vigor de ley, y lo que place al legislador podrá ser contrario, ¡como de hecho lo es con mayor frecuencia de la que se cree!, al reconocimiento pleno, definición puntual y garantía jurídica de los derechos de la persona, derechos que no hay que confundir, ¡como de hecho se confunden!, con necesidades e intereses.

¿En función de qué deben redactarse las leyes? En función de la justicia, definida como el respeto a los derechos de cada quien, respeto a los derechos que es diferente a la satisfacción de las necesidades y a la promoción de los intereses, como claramente lo explicó Federico Bastiat en La Ley y en El Estado, lecturas indispensables para responder correctamente la pregunta ¿en función de qué deben redactarse las leyes?

Las leyes, para obligar éticamente a su cumplimiento, deben ser justas, y solamente lo son las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos, ¡que realmente lo sean, no confundiéndolos con necesidades o intereses!, de las personas. ¿Cuántas leyes, sobre todo desde que se intenta hacer realidad, no el Estado de Derecho, sino el Estado de derechos, la mayoría de los cuales no pasan de ser necesidades (alimentación, salud, educación, vivienda, etc.), son justas? Pocas, lo cual me lleva a la siguiente afirmación: las ocurrencias de los legisladores tienen vigor de ley. ¿Alguna diferencia de fondo con la afirmación de Ulpiano?

Por ello, pongamos el punto sobre la i.


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