Lo primero que hay que tener claro a la hora de tocar el tema de los impuestos es que cobrarlos implica obligar al contribuyente (ciudadano) a entregarle al recaudador (gobierno) parte del producto de su trabajo. Podría haber ciudadanos que, si no existiera la obligación legal para pagarlos, de todas maneras pagarían impuestos, voluntariamente, por considerar que así contribuyen a la justicia social, al bien común, a la equitativa distribución del ingreso o, simplemente, a financiar al gobierno en la realización de sus legítimas tareas: garantizar la seguridad contra la delincuencia; impartir justicia; proveer los bienes y servicios públicos, que realmente sean públicos, y que realmente deban ser provistos; ordenar la convivencia en los espacios públicos; corregir externalidades negativas. Pero aún para quienes considerasen el pago de impuestos como una obligación ética, existiría la obligación legal. En todos lados existen leyes fiscales, mismas que, en la gran mayoría de los casos son injustas, injusticia a la que apunta lo dicho por Rallo: el Estado, por medio de sus legisladores, dictamina arbitrariamente cuánto de su ingreso se le debe quitar al ciudadano en su calidad de contribuyente.

El problema de los impuestos no es quitar, sino quitar arbitrariamente, con toda la justificación legal que las leyes le brindan al recaudador, pero sin la justificación ética por tratarse de impuestos cobrados injustamente. ¿Qué es lo que determina que un impuesto sea injusto? No su monto, que sin duda es importante, sino su destino, que es lo más importante, siendo que, si el destino es el correcto, el monto será el más bajo posible. La pregunta importante con relación a los impuestos no es “¿cuánto?” sino “¿para qué”? ¿Para qué deben cobrarse impuestos? Para pagar por las legítimas tareas del gobierno, cuya realización beneficia a todos los ciudadanos, no a unos cuantos (como sucede cuando el gobierno redistribuye el ingreso, quitándole a A lo que es producto de su trabajo para darle a B lo que no es producto del suyo). Tales tareas son las ya mencionadas y que, ante la proliferación de tareas asignadas arbitrariamente a los gobiernos, vale la pena repetir: garantizar la seguridad contra la delincuencia; impartir justicia; proveer los bienes y servicios públicos, que realmente sean públicos, y que realmente deban ser provistos; ordenar la convivencia en los espacios públicos; corregir externalidades negativas, ninguna de las cuales implica redistribuir el ingreso, ya que cada la realiza el gobierno en beneficio de todos los ciudadanos.

Los socialistas están a favor de que el gobierno le quite a A para darle a B. Los liberales estamos a favor de que el gobierno le quite lo mismo a A y a B para darle lo mismo A y a B (ejemplo: defensa contra la delincuencia e impartición de justicia). Los anarcocapitalistas están a favor de que el gobierno no le quite nada, ni a A, ni a B. Los socialistas están a favor del gobierno hada madrina, que garantiza desde la cuna hasta la tumba, para lo cual debe redistribuir. Los liberales estamos a favor del gobierno gobierno, que lleva a cabo solamente las cinco tareas ya señaladas, ninguna de las cuales implica redistribuir el ingreso. Los anarcocapitalistas están en contra del gobierno por considerar, entre otras cosas, ¡pero de manera principal!, que ningún impuesto, desde el momento que supone obligar al contribuyente a entregarle al recaudador parte del producto de su trabajo, se justifica, cobro de impuestos al que yo califico como el pecado original de todo gobierno, mismo que debe justificarse, para lo cual hay que tomar en cuenta, antes que cualquier otra cosa, el para qué de los impuestos.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.