Lo dijo, en la misma línea, Lord Acton: “El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”, sobre todo cuando se trata del poder político, que es, en esencia, el poder para prohibir, obligar y castigar, poder que, en manos poco escrupulosas, como por lo general son las de los redentores sociales, supone lo dicho por Goethe: vender el alma al diablo.

¿Qué justifica que alguien detente el poder para prohibir, obligar y castigar? Garantizar los derechos de las personas o, dicho de otra manera, hacer valer la justicia. ¿Algo más? ¡Nada más! Sin embargo, quienes hoy detentan ese poder lo usan para más, ¡para mucho más!, que hacer valer la justicia, que garantizar los derechos de las personas, lo cual tiene como resultado la violación de derechos, la injusticia.

Hoy los gobernantes no se conforman con ser eso, gobernantes, y garantizar la seguridad contra la delincuencia (hacer valer la justicia, garantizar derechos) sino que pretenden ser desde ángeles de la guarda, y como tales preservarnos de todos los males, inclusive de los que podemos hacernos a nosotros mismos, hasta hadas madrinas, y como tales concedernos todos los bienes, inclusive aquellos que debemos procurarnos por nosotros mismos, que son la mayoría.

El único mal contra el que debe luchar el gobierno es la delincuencia, es decir, la violación de los derechos de los ciudadanos, violación en la que consisten las acciones delictivas por su propia naturaleza. El único bien que debe proveer el gobierno es, no la justicia (entendida como la virtud por la cual le damos a cada quien lo suyo, siendo lo suyo de cada quien el derecho de cada cual, por lo que ser justo supone respetar los derechos de los demás), pero sí la impartición de justicia, que supone una determinada conducta de tipo judicial, y que implica dos cosas: 1) obligar al delincuente a resarcir a la víctima (algo que, dependiendo del tipo del mal hecho, no siempre resulta posible); 2) castigar al delincuente (algo que, dependiendo del grado de impunidad, que a su vez depende del grado de honestidad y eficacia de la autoridad, tampoco resulta posible siempre).

Y la lucha en contra de todos los otros males (hambre, enfermedad, ignorancia, etc.), ¿de quién es responsabilidad? Y la lucha a favor de todos los otros bienes (alimentos, atención médica, educación, etc.), ¿de quién es responsabilidad? No de los gobernantes, sí de los ciudadanos, algo que hoy, con la falsa identificación de necesidades con derechos, y con la obligación del Estado (que para todo efecto práctico es el gobierno en turno) de garantizarlos (los falsos derechos), y por lo tanto de satisfacerlas (las verdaderas necesidades), supone hacer del gobierno desde un ángel de la guarda hasta una hada madrina, lo cual se logra en la medida en la que el gobernante acaba prohibiendo, obligando y castigando lo que, de ninguna manera, debería prohibir, obligar y castigar.

Hoy los gobiernos prohíben, obligan y castigan conductas que, por no ser delictivas por su propia naturaleza, no deberían prohibir, obligar y castigar. Hoy muchos quieren el poder político, que es el poder para prohibir, obligar y castigar, precisamente para eso: para prohibir, obligar y castigar conductas que, si bien pueden ser éticamente cuestionables, deben dejarse a la libre voluntad de cada quien. Hoy los gobiernos, con la ley por delante, y por lo tanto legalmente, son la principal amenaza contra la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.