Centremos la atención, no en el Estado, sino en su encarnación, el gobierno, y preguntémonos en qué consisten sus abusos. Para responder correctamente preguntemos, antes, en qué consiste su poder. ¿Cuál es el poder esencial del gobierno, aquel sin el cual deja de serlo? El poder de obligar, prohibir y castigar, que son las tres posibles manifestaciones de un mismo poder, que de manera esencial le corresponde al gobierno.

Obligar, ¿a qué? En primer lugar, a que el ciudadano le entregue, por la vía del pago de impuestos, parte del producto de su trabajo, para que él, el gobierno, cuente con los recursos necesarios para poder realizar el suyo, que consiste, en primer lugar, en prohibir. Prohibir, ¿qué? Que los ciudadanos violen los derechos de los demás, es decir, que actúen injustamente, consistiendo la injusticia en la violación de los derechos de los demás, derechos que pueden ser los naturales, aquellos con los que la persona es concebida (vida, libertad y propiedad), o los contractuales, aquellos que la persona adquiere voluntariamente, por así haberlo acordado con alguien más, siendo que la realización de cualquier contrato supone, para las partes contratantes, la adquisición de derechos y obligaciones. Por último, castigar. ¿A quién? A quien no cumpla con la obligación de pagar impuestos (el evasor) y a quien no observe la prohibición de no violar los derechos de los demás (el delincuente).

Si el gobierno usa su poder para cobrar impuestos, para prohibir violar los derechos de los demás, y para castigar al evasor y al delincuente, y para nada más, lo está usando de manera legítima, sin abuso. Puntualizo: si el gobierno cobra solamente los impuestos necesarios para, con toda honestidad y la mayor eficacia posible, prohibir la violación de los derechos de las personas, y para castigar a quien no pague los impuestos, y a quien no respete los derechos de los demás, está usando su poder de manera legítima, sin abuso, por tratarse de un gobierno que se limita a actuar en el ámbito de la justicia, que es la única virtud que debe exigirse por la fuerza, que debe ser la fuerza de la ley positiva, de la norma jurídica.

¿Qué sucede cuando el gobierno usa su poder para obligar, prohibir y castigar con la intención de exigir, por la fuerza de alguna norma jurídica, y por ello de alguna ley positiva, la práctica de otras virtudes, como son la prudencia y la beneficencia? Veamos.

La justicia es la virtud por la cual no dañamos a los demás, respetando sus derechos. La prudencia, en sentido negativo, es la virtud por la cual no nos hacemos daño a nosotros mismos. En sentido positivo, la prudencia es la virtud por la cual nos hacemos el bien a nosotros mismos. Por último, la beneficencia es la virtud por la cual hacemos el bien a los demás. A la persona, ¿debe obligársele a hacerles el bien a los demás? No. ¿A no hacerse daño o a hacerse el bien? No. ¿A no hacerle daño a los demás, sobre todo violando sus derechos? Sí, claro que sí.

Parafraseo a Bastiat: el ámbito del gobierno es el de la fuerza (obligar, prohibir, castigar), por lo que su campo de acción debe ser solo el del legítimo uso de la fuerza, y ese campo es el de la justicia, no el de la prudencia, tampoco el de la beneficencia, siendo que cada vez que el gobierno incursiona en dichos campos, y hoy esa incursión es lo común y corriente, al grado de que muchas veces se cree que en esos campos, el de la prudencia y el de la beneficencia, se encuentra su legítimo campo de acción, lo cual no es cierto, ya que incursionar en esos campos supone la violación de los derechos de la persona, obligándola a no hacerse daño, y/o a hacerse el bien, y/o a ayudar a los demás, todo lo cual no es más que un abuso de parte del gobierno.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.