¿Quién es la principal amenaza para los ciudadanos? El Estado, encarnado en el gobierno en turno. ¿Quién es, en una situación cotidiana, en el día a día, la principal amenaza para la libertad individual y la propiedad privada de los ciudadanos? No los delincuentes comunes y corrientes, tampoco la delincuencia organizada, mucho menos alguna potencia extranjera con intenciones de conquista, con lo cual no digo que no representen amenazas para los ciudadanos, sino que no representan la principal amenaza. Esa amenaza, la principal, es el gobierno en turno, actuando en nombre del Estado, y con leyes de por medio, lo cual hace que su actuación sea legal, pero no necesariamente justa, situación que vulnera más al ciudadano frente el gobierno, ciudadano que puede ser víctima (como lo es de manera habitual) de acciones gubernamentales legales pero injustas (ejemplos: el cobro de impuestos con fines redistributivos; la prohibición de participar, como productor, en determinados sectores de la actividad económica; la prohibición de consumir ciertas sustancias; la prohibición de comprar y consumir ciertos productos fabricados en otros países; la obligación de presentar ciertos documentos para salir del país, etc.).

¿Para qué están los gobiernos? Para prohibir, obligar y castigar, todo lo cual implica limitar o eliminar la libertad individual y, por ello, la propiedad privada, dado que el derecho a la propiedad es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, como a uno le dé la gana, con una sola limitación: que al hacerlo no se violen los derechos (que realmente lo sean) de alguien más. Si se limita la libertad se limita la libertad para, entre otras posibilidades, disponer de lo que es de uno. Se limita el uso de la propiedad. Se viola el derecho a la propiedad.

Ese poder – para prohibir, obligar y castigar – debe confiársele solamente a quien tenga claro qué es aquello que, con derecho, debe prohibírsele al ciudadano; qué es aquello a lo cual, con derecho, se le debe obligar; qué es aquello por lo cual, con derecho, se le debe castigar. Con todo derecho al ciudadano debe prohibírsele violar los derechos (que realmente lo sean) de los demás. Con todo derecho se le debe obligar a pagar impuestos, los necesarios para que, con honestidad y eficacia, el gobierno lleve a cabo sus legítimas tareas: 1) garantizar la seguridad contra la delincuencia; 2) impartir justicia; 3) proveer los bienes y servicios públicos, que realmente sean públicos, y que realmente deben ser provistos por el gobierno, por ejemplo: el alumbrado en las calles; 4) ordenar la convivencia en los espacios públicos, por ejemplo: instalar semáforos; 5) corregir externalidades negativas, que realmente sean externalidades, que realmente sean negativas, y que realmente deban ser corregidas, por ejemplo: la contaminación. Con todo derecho al ciudadano debe castigársele en el caso de que no observe la citada prohibición o de que no cumpla la mencionada obligación.

Ese triple poder – para prohibir, obligar y castigar – debe concedérsele únicamente a quien tenga claro qué es aquello que, con derecho, debe prohibírsele al ciudadano; qué es aquello a lo cual, con derecho, debe obligársele; qué es aquello por lo cual, con derecho, debe castigársele. ¿Cuántos aspirantes al poder gubernamental lo tienen claro? Pocos, si es que alguno. Es por ello que, ante la posibilidad de que no lo tengan claro, y ante la posibilidad de excesos y defectos en el ejercicio de ese poder, hay que dejarlo por escrito. Cuando de limitar el poder del gobierno se trata a ese escrito se le conoce con el nombre de Constitución, cuyo fin debe ser (y escribo debe ser porque no siempre lo es), limitar el poder gubernamental para prohibir, obligar y castigar a sus genuinos terrenos. ¿Cuántas constituciones cumplen hoy con este requisito?

Por ello, pongamos el punto sobre la i.