LUNES, 1 DE MAYO DE 2017
El punto sobre la i
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Arturo Damm





“La guerra no es un fenómeno independiente, sino la extensión de la política a otros medios.”
Carl von Clausewitz

¿Y quiénes hacen la política? Los políticos. ¿Y qué necesitan para hacerla? Una institución. ¿Y cómo se llama esa institución? Gobierno. Y para que un gobierno sirva como institución a los intereses de los políticos (intereses que podrán ser legítimos o no, pero que siempre serán eso: intereses), ¿qué poderes debe tener? Esencialmente tres: el poder para obligar, el poder para prohibir, y el poder para castigar, a quien no cumpla las obligaciones, a quien no respete las prohibiciones. Primer poder de cualquier gobierno, sin el cual es incapaz de sobrevivir: el poder cobrar impuestos, es decir, el poder obligar al ciudadano a entregarle parte del producto de su trabajo. Segundo poder de cualquier gobierno, sin el cual el primer poder es impotencia: castigar a quien no pague los impuestos a los que el gobierno lo obliga.

Teniendo en mente la famosa frase de von Clausewitz, preguntémonos ¿cuántos de los problemas que hemos enfrentado a lo largo de la historia no han sido causados por los políticos y por la institución indispensable para la promoción y defensa de sus intereses, el gobierno, con sus tres podres esenciales: obligar, prohibir y castigar? Al referirme a “los políticos” me refiero a todos los políticos, ya sean de izquierda, centro o derecha, políticos de cualquier parte del espectro político que comparten el tener a sus disposición, en mayor o menor medida, ¡pero siempre en alguna!, de una u otra forma, ¡pero invariablemente en alguna!, el poder del gobierno para obligar, prohibir y castigar, poder que, una y otra vez, han usado de manera injusta, origen de los males por cuya causa pregunté el inicio de este párrafo, males de entre los que destaca la guerra.

Sin políticos, y sin la institución que hace posible la promoción y defensa de sus intereses (que raramente coinciden con la única legítima tarea del gobierno: garantizar los derechos, ¡que realmente lo sean y que no se confundan con necesidades y/o intereses!, de los ciudadanos), ¿las guerras, y muchos otros males, serían posibles?

A lo largo de nuestra historia, ¿cuántos de los conflictos que hemos afrontado han sido responsabilidad de los políticos y de la institución que hace posible la promoción y defensa de sus intereses, el gobierno, con sus poderes para obligar, prohibir y castigar, poderes que no son malos por sí mismos, sino en función de lo que obligan, prohíben y castigan, distinción que muchos políticos no tienen clara, mucho menos los que se suman a la tradición del positivismo jurídico, que sigue estando presente de manera importante entre muchos legisladores, para quienes cualquier ley, con la condición de que se haya redactado, votado y promulgado “como es debido” (formalismo jurídico), resulta de observancia obligatoria para los ciudadanos. Para ellos es justo lo que la ley, y por lo tanto los legisladores, dicen que es justo, y como los políticos tienen, por medio del gobierno, el poder para obligar, prohibir y castigar, poco espacio, dentro de la legalidad, le queda a los ciudadanos que, al enfrentarse con obligaciones, prohibiciones y castigos injustos (pienso, por ejemplo, en las Leyes de Núremberg), no les queda otra opción que actuar, a favor de la justicia, desde la ilegalidad, con todos los riesgos que ello implica, consecuencia de los tres poderes ya mocionados del gobierno.

A lo largo de la historia, ¿cuántos de los conflictos que hemos afrontado han sido responsabilidad de los políticos y los gobiernos? ¿Y cuántos más, ¿y qué tan graves?, están por venir? Y sin embargo no faltan, de hecho sobran, quienes piden más gobierno.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.


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