La primera pregunta que hay que hacer para limitar el poder del gobierno, que es el poder para prohibir, obligar y castigar, y que ha desbordado los límites de lo prudente, es ésta: impuestos, ¿para qué?, pregunta que tiene como respuesta lo siguiente: para financiar la ejecución de las tareas del gobierno, respuesta que nos propone, no la pregunta ¿cuáles pueden ser las tareas del gobierno?, sino ¿cuáles deben ser esas tareas? La respuesta a la pregunta impuestos, ¿para qué?, depende de la respuesta a la pregunta ¿qué debe hacer el gobierno?

Una posible respuesta a la pregunta ¿qué debe hacer el gobierno? es ésta: inducir a las personas a actuar en su propio beneficio, por ejemplo, animándolas a no consumir determinados “males”, como pueden serlo el tabaco y el alcohol, que no solo causan un daño físico (al cuerpo), sino uno ético (al espíritu), ya que un vicio supone que algo (una cosa) domina a alguien (una persona), cuando, desde el punto de vista de la ética, debe ser al revés: que la persona (alguien) domine a las cosa (algos).

Una posible respuesta a la pregunta ¿cómo puede el gobierno inducir a las personas a actuar en su propio beneficio, alejándolas del consumo de ciertos “males”? es la siguiente, que se apoya en la ley de la demanda: gravando la compra de esos “males” con impuestos, los llamados impuestos al vicio o al pecado, como los llama Hinojosa. El impuesto hace que el precio del “mal” aumente y, ceteris paribus, según la ley de la demanda, la cantidad demandada del mismo bajará, lo cual ¡no siempre es el caso! ¿Por qué? Porque quien así razona olvida un pequeño detalle: la elasticidad precio de la demanda, que en el caso de los “males” cuyo consumo causa vicio es muy baja. Lo anterior quiere decir que, por más que aumente el precio, consecuencia del impuesto, la cantidad demanda no bajará, precisamente por tratarse de un “mal” que causa vicio, al cual el vicioso no está dispuesto a renunciar por más que, resultado del impuesto, aumente el precio que debe pagar por dicho “mal”.

Llegados a este punto se puede argumentar, y con razón, que si el gobierno grava con un impuesto lo suficientemente elevado, digamos del 1000 por ciento, la compra de “males”, pongamos tabaco y alcohol, la cantidad demandada de los mismos se reducirá necesariamente, lográndose el objetivo: inducir a la gente a no hacerse daño a sí misma consumiendo esos “males”. Si así puede ser, ¿por qué no lo es? Porque muy probablemente lo que pretende el gobierno, siempre ávido de gastar más, y por lo tanto siempre necesitado de recaudar más, es decir, de sacar más dinero del bolsillo de los contribuyentes, es precisamente eso: recaudar más por la vía de los impuestos al vicio, para lo cual debe conocer, para lo cual previamente debe calcularla, la elasticidad precio de la demanda de esos “males”, y gravarlos con un impuesto que le permita maximizar su recaudación, no con uno que tenga como fin inducir a la gente a que no se haga daño a sí misma consumiendo esos “males”. ¿Quién o qué nos asegura que no sea aquél (maximizar la recaudación) y no éste (reducir la cantidad demandada de “males”) el propósito del gobierno a la hora de cobrar impuestos al vicio?

Al margen de las consideraciones anteriores debemos preguntarnos si es legítima tarea del gobierno actuar como ángel de la guarda e intentar (¿qué tan eficaz resulta en tal afán?) preservarnos de todos los males, comenzando por los que podemos hacernos a nosotros mismos consumiendo “males”. Muchos, desde ciudadanos hasta gobernantes, desde periodistas hasta legisladores, opinan que sí, muchos que son mayoría, lo cual ha hecho posible el cobro de impuestos al vicio que, como lo señala Hinojosa, no modifican conductas, ¡mucho menos de los viciosos!, pero que sí aumentan lo recaudado.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.