La postura de un cliente/consumidor frente a una empresa es radicalmente distinta a la de un ciudadano/contribuyente frente al gobierno. La diferencia está en la libertad que el primero tiene y de la que carece el segundo. El gobierno no puede tratar, a los ciudadanos en general, y a los contribuyentes en particular, de la misma manera que una empresa trata a sus clientes, es decir, a sus consumidores. Frente a la empresa el cliente/consumidor es libre. Ante el gobierno el ciudadano no lo es, mucho menos en su calidad de contribuyente.

Frente a los bienes y servicios que la empresa le ofrece, el cliente/consumidor es libre de decidir si compra o no, y comparará si la compra, y el consumo de lo comprado, le supone mejorar su estado. Por el contrario, no comprará si la compra, y el consumo de lo comprado, le supone desmejorar su condición.

La postura del consumidor frente a la empresa, su libertad para decidir si compra o no compra, significa que la misma, para generar ingresos, debe “convencerlo”, y hacerlo por medio de lo producido: algún satisfactor que el consumidor aprecie, y por la manera de ofrecerlo: con la trilogía de la competitividad (menor precio, mayor calidad y mejor servicio).

La postura del gobierno frente al ciudadano, en general, y ante el contribuyente, en particular, y su poder para prohibirle, obligarlo y castigarlo, implica que para generar ingresos le basta “con vencerlo”, obligándolo, con una ley por delante, ¡lo cual lo hace legal pero no necesariamente justo!, a entregarle parte del producto de su trabajo, que en eso consiste cobrar impuestos: en obligar al contribuyente, bajo amenaza de castigo (que puede ir desde un recargo, pasando por el encarcelamiento, hasta llegar a la confiscación de bienes), a entregar parte del producto de su trabajo, lo cual se justifica solo en determinadas condiciones relacionadas con el cómo, el cuánto y el para qué de la recaudación, cómo, cuánto y para qué que, por lo general, son incorrectos, lo cual descalifica el cobro de impuestos (lo hace injusto por más que siga siendo legal).

La postura del cliente/consumidor frente a la empresa es de “fuerza”: es el cliente/consumidor quien tiene la última palabra. La postura del ciudadano/contribuyente frente al gobierno es de “debilidad”: es el gobierno quien tiene la última palabra (por lo menos hasta el momento en el que el ciudadano/contribuyente se harte de los abusos y decida deponer al gobierno abusivo).

Lo dicho por Hans - Adam II de Liechtenstein, por más atractivo que parezca, pasa por alto la naturaleza, de la empresa y la relación natural de los consumidores/clientes con la misma, por un lado, y del gobierno y la relación natural de los ciudadanos/contribuyentes con el mismo, por el otro, relaciones esencialmente distintas. La empresa debe actuar como empresa, y el gobierno (limitado a la realización de sus legítimas tareas, que las tiene, y que son vitales para la convivencia civilizada), debe actuar como gobierno. Así como una empresa no debe actuar como gobierno, obligando a los clientes/consumidores a comprar sus productos, el gobierno no debe actuar como empresa, dejando a los ciudadanos/contribuyentes en libertad para decidir si, para empezar, pagan o no pagan impuestos, y si, para terminar, respetan o no los derechos de los ciudadanos.

Empresa y gobierno son organizaciones esencialmente distintas, al grado de poder considerarlas antitéticas. Pretender que el gobierno trate a los ciudadanos/contribuyentes como si fueran clientes/consumidores es tanto como pretender que la empresa trate a los clientes/consumidores como si fueran ciudadanos/contribuyentes. Esto último daría como resultado un mundo al revés. Igual lo primero.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.