Creencia generalizada: los recursos públicos son propiedad de los ciudadanos, no de los gobernantes, creencia que es falsa: los recursos públicos, una vez llegados a las manos de los gobernantes, sobre todo si esa llegada se hizo conforme a las leyes, resultando legal, son propiedad del gobierno, no de los ciudadanos.

El derecho a la propiedad privada es el derecho a la libertad individual para usar, disfrutar y disponer, de la manera que cada quien considere más adecuada, de lo que es de uno, con una sola condición: que al hacerlo no se violen derechos de terceros, de tal manera que, respetando los derechos de los demás, haz lo que te dé la gana, es decir, usa, disfruta y dispón de lo tuyo como más te convenga.

Con relación a los llamados recursos públicos (que según el diccionario son los pertenecientes al Estado, que para todo efecto práctico es el gobierno en turno), el ciudadano, ¿puede usar, disfrutar y disponer de ellos según su mejor conveniencia? Al menos directamente, tal y como lo hace con los recursos que sí son de su propiedad, no. ¿E indirectamente, a través de los legisladores, sus representantes, quienes tienen la responsabilidad de revisar, y en su caso de modificar, el proyecto de prepuesto de egresos que les presenta cada año el Poder Ejecutivo? ¿Hasta qué punto los legisladores representan, en las distintas cámaras legislativas, los intereses de los ciudadanos? Y, suponiendo que lo hagan, ¿esa representación alcanza para que los ciudadanos usen, disfruten y dispongan de los recursos públicos según su mejor conveniencia, para lo cual deberían ser objeto de la propiedad privada individual y no de la propiedad privada colectiva, suponiendo que los recursos públicos fueran objeto de este tipo de propiedad, que no lo son?

No nos engañemos. Una vez que, por el cobro de impuestos, el dinero pasa de las manos del ciudadano a las arcas del gobierno, ese dinero, para todo efecto práctico, y al margen del discurso demagógico y de leyes fantasiosas, es del gobierno, quien tiene el derecho de usar, disfrutar y disponer de esos recursos según lo decida, con los límites que la ley le imponga, y para los fines para los que fueron presupuestados, presupuesto y leyes que arman y promulgan los mismo gobiernos, por lo que son juez y parte. Y lo más importante: una vez que, cobro de impuestos de por medio, el dinero pasa de las manos de los ciudadanos a las arcas gubernamentales, los ciudadanos ya no tienen el derecho para usar, disfrutar y disponer de ellos, derecho para usar, disfrutar y disponer que es derecho de propiedad, propiedad que, sin el correspondiente derecho, y para cualquier efecto práctico, no existe.

La creencia de que los recursos del gobierno, llamados públicos, son de los ciudadanos, es falsa, divulgada por el gobierno, a quien le conviene que los ciudadanos la crean, lo cual les brinda a los gobernantes un mayor margen de maniobra, sobre todo para disponer de una mayor cantidad de esos recursos, que de una u otra manera, salen de los bolsillos de los ciudadanos, y para usarlos de manera defectuosa y/o excesiva, por ejemplo, realizando mal (defecto) tareas que no le corresponden (exceso). Cierto, un gobierno honesto y eficaz, ¡tan honesto y eficaz como pueda serlo!, gastará esos recursos en beneficio del público, en beneficio de las personas que forman una colectividad, lo cual no implica, ni remotamente, que esos recursos sean propiedad de los ciudadanos. En el momento en que, por el cobro de impuestos, pasaron a manos del gobierno, dejaron de serlo. A partir de ese momento el ciudadano ya no puedo usar, disfrutar y disponer de ese dinero como más le convenga. Y sin embargo son muchos los que afirman que esos recursos, adjetivados como públicos, sí son propiedad de los ciudadanos.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.