El ser humano es concebido con tres derechos: a la vida, libertad y propiedad. Esos derechos implican el derecho a defenderlos, que a su vez implica el derecho a poseer, portar y usar los medios para conseguirlo, a los que llamamos armas. ¿Podemos decir, sin incurrir en contradicción, que se respeta el derecho de la persona a defenderse si no se le reconoce el derecho a la posesión, portación y uso de armas, en concreto armas de fuego? No.

Supongamos, primero, una situación en la cual se ha logrado el desarme (armas de fuego) de toda la población, de tal manera que tanto delincuentes como víctimas se encuentran, con relación a la posesión, portación y uso de armas de fuego, en la misma situación, lo cual no quiere decir que no se cometerán delitos, sino que se cometerán sin la participación de armas de fuego.

Supongamos, segundo, que la única organización armada en esa sociedad, dado el desarme total de los ciudadanos, es el gobierno, situación que encontraría su justificación en la teoría del “monopolio legítimo de la violencia”, que desde Hobbes se le concede al gobierno, mismo que recurrirá al uso de la fuerza armada con el fin de defender los derechos de las víctimas frente a las acciones de los delincuentes y, de fallar, con el objetivo de aprehender, juzgar, condenar y castigar al delincuente, para lo cual puede resultar indispensable el uso de la fuerza armada.

¿Resulta prudente aceptar y permitir que el gobierno sea la única organización armada en la sociedad, como lo pretende la teoría del “monopolio legítimo de la violencia”? Solo si los gobernantes se limitan a realizar honesta y eficazmente su tarea esencial e irrenunciable: garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos y castigar a quien los viole, momento de hacernos esta pregunta: ¿qué probabilidades hay de que los gobiernos se limiten a la realización de sus legítimas tareas y que por ningún motivo sean ellos quienes violen los derechos de los ciudadanos?

Los tres poderes esenciales del gobierno son: el poder para prohibir, el poder para obligar, y el poder para castigar, poderes que en manos poco escrupulosas, como por lo general son las de los gobernantes, se usan para violar los derechos de los ciudadanos quienes, de encontrarse desarmados, solo contarán con la lógica de sus argumentos y la fuerza de sus manifestaciones para hacer entrar en razón a los gobernantes, quienes, para silenciar los argumentos y aplastar las manifestaciones, tendrán de su lado la fuerza de las armas. Tal asimetría, gobierno armado - ciudadanos desarmados, ¿es prudente?

¿Cuál es el principal interés (no derecho) de cualquier gobierno? Que la ciudadanía a la que gobierna, lo cual implica prohibir, obligar y castigar, se encuentre desarmada, lo cual reduce considerablemente su poder de rebelión, misma que se justifica si el gobierno viola los derechos de los ciudadanos como sucede, en mayor o menor medida, pero siempre en alguna, en prácticamente todos lados.

Defender el derecho de los ciudadanos a la posesión y portación de armas supone defender el derecho de la persona a defenderse, antes que de la delincuencia, del gobierno, que puede llegar a ser la más eficaz organización del crimen organizado. Cito a George Mason: “Desarmar al pueblo es la forma más eficaz de esclavizarlo”, algo que los ciudadanos no debemos permitir.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.