MIÉRCOLES, 18 DE ABRIL DE 2018
El punto sobre la i
¿A usted le parece buena idea desperdigar el gobierno?
No
No sé

Arturo Damm





“Por supuesto que la paz es el respeto al derecho ajeno, en eso todos estamos de acuerdo. En lo que nadie está de acuerdo es en cuál es el derecho ajeno.”
Jorge Ibargüengoitia

El precio que hay que pagar por convivir civilizadamente es respetar los derechos de los demás. Ya lo dijo Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”, y la paz es la convivencia civilizada, tanto entre personas de la misma nacionalidad, como entre personas de nacionalidad distinta.

No hay problema para aceptar lo dicho por Juárez y recogido, tiempo después, por Ibargüengoitia: el precio que debemos pagar por convivir civilizadamente es respetar los derechos de los demás.

El problema surge a la hora de preguntar ¿qué es un derecho?, a la hora de identificar como derechos realidades que son necesidades y/o intereses, y a la hora de tratar esas necesidades y/o intereses como si fueran derechos, algo que hoy es el pan nuestro de cada día.

Una de las principales tareas de los legisladores, cuya encomienda principal es crear leyes para normar la vida de los otros, es la de identificar abusivamente necesidades y/o intereses con derechos, y darles el trato legal que se le debe dar a los derechos, no a las necesidades, tampoco a los intereses.

Un derecho es todo aquello que exige, en beneficio de A, el cumplimiento de una obligación de parte de B, obligación que puede ser negativa (no hacer algo) o positiva (sí hacer algo). Los derechos naturales, aquellos con los que A fue concebida - vida, libertad y propiedad – suponen para B una obligación negativa: no matar, no esclavizar, no robar. Los derechos contractuales, aquellos que A adquirió voluntariamente por así haberlo convenido con B, suponen para B una obligación positiva, tal y como es el caso en los contratos de compra – venta: si A le compró X a B, A tiene el derecho de recibir X, derecho que tiene como contrapartida la obligación positiva de B de entregar X.

Consideremos el derecho a la alimentación de A. ¿Qué tipo de obligación supone para B, positiva o negativa? Si respondemos positiva entonces B tiene la obligación de darle de comer a A (y, si somos parejos, A tendría la obligación de darle de comer a B). ¿B tiene la obligación de alimentar a A? No. Entonces, si no es positiva, la obligación de B con respecto al derecho a la alimentación de A tendrá que ser negativa, lo cual supone, uno, que B no impida que A trabaje para conseguir alimentos y, dos, que conseguidos sus alimentos B no se los robe. El derecho a la alimentación es, bien vistas las cosas, derecho a los alimentos, y el derecho a los alimentos es, rectamente entendidas las cosas, derecho a la libertad para trabajar y conseguir alimentos, y derecho a la propiedad sobre los alimentos así conseguidos, derechos de A (y también de B) que suponen obligaciones negativas de parte de B (y también de A), no obligaciones positivas.

Qué supone, como se señala en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estadios Unidos Mexicanos, que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad” y, ¡aquí está el problema!, que “el Estado lo garantizará”. Supone una obligación positiva para el Estado, que para todo efecto práctico es el gobierno en turno. Si B no tiene, para con A, la obligación positiva de darle de comer, ¿resulta lógico aceptar que el gobierno sí la tiene para con A y B y C…, y Z? No. Y sin embargo eso dice la Constitución.

El problema no está en no saber cuál es el derecho ajeno, sino en saber en qué consisten los derechos de los demás.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.


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