Allí donde el gobierno se limita a garantizar los derechos de los agentes económicos, tanto por el lado de la producción, la oferta y la venta de bienes y servicios, como por el frente de la demanda, la compra y el consumo de satisfactores, la producción, oferta y venta de satisfactores se decide desde la demanda, compra y consumo de los bienes y servicios, por lo que son los consumidores, no los productores, quienes llevan la batuta. El consumo es el fin y la producción es el medio, razón por la cual los productores están a expensas de las apreciaciones de los consumidores, que dependen de lo que los consumidores quieren, en función de sus necesidades, y de lo que los consumidores pueden, en función de su poder adquisitivo.

Querer y poder, las dos variables que determinan el comportamiento de los consumidores, de tal manera que los productores deben producir lo que los consumidores quieren (en función de sus necesidades, gustos, deseos y caprichos), y ofrecerlo al precio que están dispuestos a pagar (en función de su poder adquisitivo), enfrentando un doble riesgo: 1) que los consumidores dejen de apreciar lo que se les ofrece; 2) que surjan nuevos oferentes en el mercado, lo cual puede dar pie a que los consumidores dejen de apreciar lo que se les ofrecía, con la consecuencia lógica: dejan de comprar.

Dos son los riesgos naturales (inherentes a la actividad empresarial: producir, ofrecer y vender), que enfrenta cualquier empresario, retos relacionados entre sí: 1) el cambio en las apreciaciones de los consumidores (que no quieran lo que se les ofrece, ya sea por el producto, ya sea por su precio, ya por una combinación de ambas posibilidades); 2) la aparición de oferentes más competitivos (capaces de ofrecer, o a menor precio, y/o con mayor calidad, y/o con mejor servicio), que le quitan clientes.

Esos, los naturales, los inherentes a su actividad, son los únicos riesgos que debería enfrentar un empresario, y una de las tareas básicas de cualquier gobierno es la de no crear riesgos adicionales, siempre relacionados con la incertidumbre, y con la más grave de todas, la jurídica, que va, desde no saber cuál es el límite del gobierno a la hora de cobrar impuestos, pasando por no saber si el gobierno hará valer los derechos ante violaciones de terceros, hasta llegar a no saber si el gobierno expropiará medios de producción, riesgos que se multiplican con los gobiernos de izquierda, por lo general desconfiados de la iniciativa privada, recelosos de la actividad empresarial, resentidos frente a la producción, oferta y venta de satisfactores con fines de lucro.

En la medida en la que el gobierno le genera a los empresarios más riesgos de los normales, de los inherentes a su actividad, de los propios del mercado, desincentiva la inversión directa, que es la que produce bienes y servicios, crea empleos y les permite, a quienes obtienen esos puestos de trabajo, generar ingresos, todo lo cual agrava la escasez y limita las posibilidades para alcanzar mayor bienestar, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que dispongan las personas, satisfactores que deben producirse, producción que depende de las inversiones directas, mismas que dependen de la cantidad y magnitud de los riesgos que enfrentan los empresarios en cada país, siendo una de las principales tareas del gobierno no generar riesgos adicionales a los inherentes a la actividad empresarial, algo que los gobiernos, sobre todo los de izquierda, no entienden.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.