En el inicio, cuando el ser humano dejó de ser nómada para convertirse en sedentario, cuando pasó de la persecución del mamut, y la recolección de frutos, a la ganadería y la agricultura, la propiedad fue el resultado de la apropiación: los primeros ganaderos y agricultores, de hecho, se apropiaron de las tierras y animales que les proveían los medios para subsistir. Hoy, en la gran mayoría de los casos, la propiedad ya no es el resultado de la apropiación sino el fruto del trabajo, siendo su primera manifestación el ingreso generado, de tal manera que la primera muestra de respeto a la propiedad debe ser el respeto al ingreso generado por el trabajo, partiendo de la siguiente afirmación, que es el fundamento de la convivencia civilizada: “Todo mundo tiene derecho al producto íntegro de su trabajo”. ¿O no?

Quienes creemos que, efectivamente, todo mundo tiene derecho al producto íntegro de su trabajo, debemos responder la siguiente pregunta: ¿cómo justificar el cobro de impuestos, sobre todo con fines redistributivos? Dicho cobro se justifica en la medida en la que los impuestos se utilizan para que el gobierno garantice que nadie más atente contra nuestra propiedad y, suponiendo que falle, para que castigue al delincuente y, en la medida de lo posible, se resarce a la víctima. ¿Pero cómo justificar el cobro de impuestos con fines redistributivos? ¿Cómo justificar que el gobierno obligue a unos a entregar parte de sus ingresos con el fin de dárselos a otros? ¿No se trata de un abuso, por el cual el gobierno termina haciendo aquello que debe evitar y castigar?

¿Cuál es la diferencia entre un ladrón que, a punta de pistola, roba para darle de comer a sus hijos, y el gobierno quien, de manera no menos amenazante, obliga al contribuyente a entregarle parte de sus ingresos para financiar desayunos escolares? La respuesta más socorrida es que, en el primer caso, se trata de un ladrón y, en el segundo, del gobierno, respuesta que olvida un pequeño detalle: una acción no debe calificarse por la naturaleza del agente, sino por su propia naturaleza. El ladrón lo que hace es obligar a la víctima a entregar, con fines redistributivos, parte de su ingreso. ¿Y qué otra cosa, sino lo mismo, hace el gobierno: obligar a la víctima, ¡perdón: al contribuyente!, a entregar, para fines redistributivos, parte de su ingreso? Cuando el gobierno cobra impuestos con fines redistributivos, y buena parte de los que cobra son para tal fin, ¿podemos afirmar que nuestra propiedad está “a salvo de la violencia”?

¿Hasta qué punto la redistribución del ingreso, por la cual el gobierno le dice a algunos, “Despreocúpate, que yo satisfaceré tus necesidades”, supone permitir que “el que no tiene hogar tire la casa del otro”, violando así la propiedad, socavando por ello uno de los cimientos de la convivencia civilizada, el respeto a la misma, con todo lo que ello supone, comenzando por el hecho de que ella, la propiedad, es la condición de posibilidad, sobre todo en el ámbito de la economía, de la libertad, siendo ambas las dos caras de una misma moneda?

La propiedad (privada, se entiende) es deseable, en primer lugar, porque sin ella no hay manera de economizar, de hacer buen uso de los recursos a nuestra disposición, de sacarles el mayor provecho posible. Pero es deseable por una razón más importante: porque sin ella la libertad no deja de ser virtual, meramente formal, pero no real, sobre todo, insisto, en el ámbito de la economía: la propiedad es la condición de posibilidad de la libertad, lo cual quiere decir que, sin la propiedad sobre los ingresos, el patrimonio y los medios de producción, la libertad para trabajar, emprender, invertir, ahorrar, intercambiar y consumir es una ilusión.

¿Qué sucede cuando, por sus afanes redistributivos, por sus esfuerzos a favor de la justicia social, por considerar que se tiene una deuda social con los pobres, el gobierno se convierte en el principal enemigo de la propiedad?

Por ello, pongamos el punto sobre la i.